¿Por quién votar y por qué?

Las elecciones para elegir a los gobernantes se caracterizan, entre otras cosas, por ser pacíficas y transparentes. Sin embargo, en nuestra incipiente democracia se distinguen por ser confrontantes y belicosas. Las dos expresiones políticas mayores --ARENA y FMLN-- se enfrentan a muerte para retener o conquistar la presidencia de la República.

La razón se debe, posiblemente, a que antes no se ponía en riesgo el régimen democrático y ahora se ve amenazado seriamente. La contienda electoral es entre dos fuerzas ideológicas irreconciliables. Una defiende la democracia liberal y sus libertades políticas básicas (prensa, pensamiento, reunión, migración, etc.) y la otra, aboga por el socialismo del Siglo XXI y las restricciones o controles de las libertades básicas. O, desde otro punto de vista: el nuevo socialismo le otorga primacía al Gobierno, y la democracia liberal al mercado libre. La historia ha demostrado que la economía socialista es ineficiente e improductiva como sucedió con el socialismo real en la desaparecida Unión Soviética y en las llamadas "democracias populares". El caso de Cuba es ahora ejemplar con una crónica escasez y miseria.

Por ello creo que la mejor opción es votar a favor del candidato que favorezca a la empresa privada y no por el que la amarre. Es un axioma que la empresa privada es motor de desarrollo económico y la empresa estatizada de atraso y estancamiento. No es posible votar por un candidato que se declare enemigo público de la libertad económica, del modelo economía de mercado y de las libertades políticas básicas. Los errores que está cometiendo Mauricio Funes, en la recta final, podría poner en peligro el posible triunfo del FMLN, como dice el Lic. David Ayala Iraheta. Pues por su inexperiencia política está empleando un arma de doble filo. Por una parte acusa a la empresa privada de evasión y elusión fiscal sin tener ninguna prueba. Y cuando se le pide que lo demuestre, sale con la arrogancia de que las presentará cuando "los empresarios lo elijan Presidente de la República".

Es decir, que el propio Funes acepta que no tiene pruebas y, por consiguiente, se trata de una acusación temeraria, mentirosa, sin razón. Y por el otro filo, advierte sobre un posible fraude electoral para impedirle su triunfo en las elecciones, lo que constituye una denuncia muy peligrosa, pues pareciera que existe un complot contra él y su partido, un propósito deliberado de modificar los resultados reales. Pero nuevamente Funes no presenta ninguna prueba, por lo que se deduce que es una táctica perversa para justificar la violencia post-electoral.

Por su completa y feliz ignorancia, Funes olvida que para hacer el papel de censor de la moralidad y la legalidad públicas, debe tener las manos limpias. La Prensa Gráfica, del lunes 9, informó sobre la investigación que está realizando la Unidad de Inicavestigaciones Financieras (UIF) de la FGR por los 3 ó 4 millones de dólares que maneja el candidato en su chequera personal, de la noche a la mañana. Ahora debe demostrar que su cuenta bancaria es justa, legal y razonable. De lo contrario, podría tipificarse como un delito penal.

No es posible creer todavía que para ganar sólo se necesita buena imagen, canciones pegajosas, espotes publicitarios atractivos, jingles pegajosos, eslóganes copiados y muchos, muchísimos, billetes verdes para invertirlo en campañas publicitarias. Lo fundamental es la ideología o principios, el programa de gobierno y el candidato honesto y capaz.

Retórica no le falta al candidato. Lo que puede faltarle es una buena estrategia para traducir sus propuestas en realidad. La empresa privada es la que crea riqueza, invierte capital, crea fuentes de trabajo y contribuye a mantener la estabilidad social. ¿Podrá traducir el candidato sus promesas de campaña en hechos divorciados de la empresa privada? La mayoría dice que no. Hay mucha incertidumbre, inseguridad y desconfianza.

Por las anteriores razones, lo más sensato es votar por la estabilidad --lo que no significa inmovilidad, sino la base para el cambio--, por el Estado de Derecho en el cual impera la ley, la división de poderes, los derechos humanos y la seguridad jurídica.